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domingo, 31 de janeiro de 2010

(Colombia - Política) - Diez años del Plan Colombia

Plomo, más plomo y neoliberalismo es la característica más importante de la Alianza Act, ley S1758 presentado por senadores republicanos

Aurelio Suárez Montoya

Fuente: Barómetro Internacional

En Estados Unidos, donde se conoció en primer lugar y en inglés el texto del Plan Colombia, se aprobó bajo la denominación de Alianza Act, ley S1758, presentado por los senadores republicanos Coverdell, Dewine y Glaseley. Dentro del capítulo “Focos Integrados del Plan”, se planteaba como objetivo central (para Estados Unidos) la reducción en seis años en un 50% de los cultivos y en igual proporción de la producción de cocaína. En el Congreso de Colombia jamás se discutió, y mucho menos se aprobó, no obstante, luego de una década, en dicho Plan se condensó la estrategia general del país en todos los órdenes, lo cual impele necesariamente a hacer un balance de los efectos del mismo.

Del documento preliminar al respecto, elaborado en octubre de 2008 por Jo Biden actual vicepresidente de Estados Unidos y entonces presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, “Plan Colombia: Las metas en reducción de drogas no fueron alcanzadas, pero la seguridad ha mejorado…”, se deduce que los fines con los que se justificó no se lograron. No resultó porque Colombia haya incumplido sus compromisos, al contrario, luego de un enorme costo fiscal y de miles de vidas, es centro mundial de producción y comercio básico de cocaína.

¿En qué se invirtieron entre 1999 y 2008 los 52.241 millones de dólares, que el país ha prodigado en este Plan, de un valor total de 58.688 al que hasta entonces había llegado? El monto mayor, 37.209 millones, (75 billones de pesos de hoy, un promedio de 7,5 billones al año, casi más del 3% del PIB por año en dicho periodo) se ha gastado en triplicar el rubro de seguridad y defensa y en duplicar el número de efectivos de la fuerza pública. Colombia se convirtió, a la larga, en uno de los países que más gasta con estos fines en el mundo y, si se evalúa en el contexto de las cuentas presupuestales ejecutadas, este importe puede equivaler a la mitad del valor de toda la deuda contratada entre diciembre de 1999 y diciembre de 2008, es decir, uno de cada dos pesos del endeudamiento público se ha ido en el conflicto.

La “ayuda” norteamericana, tan publicitada y que se muestra indispensable, aún excluyendo las demás colaboraciones del extranjero, es solamente el 11% del importe total del Plan. Además ha tenido dos condiciones: una, desde 2003, la Contraloría advirtió que el 75% de esa “ayuda” era manejada por agencias gringas; y, otra, la mitad corrió para contratos con las empresas del complejo militar-industrial norteamericano; esto es, negocios (de yo con yo) fundados en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, aún sin importar si se alcanzan o no las metas.

Un vínculo entre este Plan y los acuerdos con el FMI, en la misma década, que persiguieron la reducción del gasto social y el aumento del recaudo de impuestos por la vía de contribuciones indirectas como el IVA para ampliar la capacidad de crédito del gobierno central, lleva a concluir que en todas las imposiciones de política económica neoliberal del Fondo van ocultos, entre sus muchos perversos propósitos, el de buscar espacios para compra de armamento y gasto bélico. Un verdadero oprobio. Por algo hay documentos cruzados con el FMI donde se especifica el aval para los compromisos con el Plan Colombia y por lo mismo un capítulo amplio del Plan se titula “reencauzando la economía”. ¿Qué tal esto? El futuro está marcado. Con la indigna cesión de soberanía, y toda suerte de prebendas, para la operación de fuerzas de Estados Unidos en siete bases militares colombianas y que pueden extenderse a todo el territorio patrio, continuará la afrenta del Plan Colombia. A partir de 2007 ya tuvo su segunda versión hasta el 2013, con dos componentes claves: “lucha contra el terrorismo” y “apertura de mercados”. Se recrudecerá el teatro de guerra. Adam Isacson, del Center for International Policy, que patrocina una política de “acción integrada” del Estado en la consolidación de los territorios donde se ha expulsado la guerrilla, exige ante todo, un “esfuerzo militar intensivo”, coordinado entre el Ejército de Colombia y el Comando Sur de US Army. Sin ello, agrega, los programas sociales no fructificarán. Parece cumplirse la premonición de Kissinger en 2001, respecto al Plan Colombia: “soy especialmente sensitivo cuando los conflictos armados comienzan con fines nobles, pero lamentablemente siempre terminan en un punto muerto, sin ilusiones,...acaban por convertirse en una amenaza para la estabilidad y la seguridad”. Así vamos…, por tanto, seguirá plomo y más plomo y, desde luego, más neoliberalismo para financiarlo.

Fecha de Pyblicación: 31/01/2010

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