(Colombia - Política) - Guerra entre bandidos

En la parte final de su gobierno, Alvaro Uribe comete atos demenciales y ademas privatiza la salud y educación

Fuente: El Cachicamo, un pasquín que sale de vez en cuando

En la etapa final de su segundo gobierno, el para-presidente se halla desquiciado, cometiendo actos demenciales. Buscando otro periodo, trata de congraciarse con sus amos del norte, a pesar que Obama y su Secretaria de Estado le han dicho que ya fue suficiente. Entrega la totalidad de la soberanía nacional, convirtiendo a Colombia en una base militar yanqui. Para remplazar la agencia de los traquetos del DAS, trae a los gringos, para montar una sucursal de la CIA. Sigue agravando las privatizaciones y ahora se ensaña contra el sistema de salud. Acude a la Cumbre de Río, en Cancún, con el propósito premeditado de sabotear los acuerdos unitarios e impedir la creación de una nueva Organización de los países latinoamericanos y del Caribe.

Ya que AUV no podrá ser reelegido, ahora la campaña electoral se vuelve una guerra entre bandidos, con la ley de la selva, donde se impondrán los más violentos y los más corruptos.

Decretos criminales

Los narcoparamilitares que gobiernan al país, madrugaron el 2010 a traficar con la muerte de la mayoría de colombianos, atacando al agónico sistema de salud, mediante la declaración de la “emergencia social”.

La ley 100 de 1993, legaliza el proceso de privatización de la salud, llevando al cierre de los hospitales y clínicas que no se autofinancien. Es decir, con esa ley, la salud deja de ser un derecho que tienen los ciudadanos y que el Estado debe garantizar, y, se convierte en un lucrativo negocio para favorecer a unos pocos empresarios, emparentados con los narcoparamilitares.

No es una casualidad que el hoy presidente, haya sido el mismo promotor de la ley 100, cuando fue senador. Este avispado traficante es uno de los principales beneficiarios con la privatización de la salud. Por eso, debió ser más preciso para dotarse de facultades extraordinarias, para acabar de raspar la olla de la salud pública: debió declarar la “emergencia empresarial”

Las empresas que controlan el sistema de salud, las EPS (empresas promotoras de salud), se quejan porque sus ganancias son muy pocas, a pesar que obtienen utilidades del 30%. Por eso le exigen a su compinche, que emita nuevos decretos, para mejorar su negocio.

Al declararse la “emergencia”, el presidente se evita la pérdida de tiempo en los debates legislativos y logra tramitar de una sola vez, aspectos muy diversos: Se reduce significativamente el Plan Obligatorio de Salud (POS), se clasifican a todas las enfermedades graves como de alto costo y que no atenderán las EPS, se impide la interposición de Tutelas, se impone nuevos impuestos contra los sectores medios y populares, para recoger otros $1,3 billones. Se sanciona a los médicos que formulen por fuera del POS, acabando con la ética y el profesionalismo de los médicos. Se obliga a que todo paciente debe financiar sus tratamientos, echándole mano a sus ahorros, cesantías o quedando hipotecado con créditos bancarios, quien no pueda recurrir a esas formas financieras, está condenado a ser asesinado por el Estado.

Los descarados decretos dictados, son decretos criminales, por eso el ministro de seguridad social Diego Palacio, pasa a la historia como el ministro de la muerte, quien gastó casi $2.000 millones para mandar a elaborar esos decretos y se los encomendó a los mismos funcionarios de las EPS, como Augusto Galán. Eso es poner a los gallinazos a asolear la carne. Esos decretos asesinos deben ser derogados.

Elecciones, más de lo mismo

Son diversas las investigaciones que han demostrado cómo el presidente, la mayoría del Congreso y de las administraciones públicas regionales, asaltaron esos cargos de una forma fraudulenta, mediante la acción intimidatoria y la capacidad de soborno de los narcoparamilitares.

En Colombia, la mayor maquinaria electoral son los narcoparamilitares y nunca se han debilitado, sino que vienen creciendo y ya se encuentran entronizados en la mayoría de las ciudades, ellos se adueñaron de todos los caciques o gamonales electorales de los partidos tradicionales.

Sin embargo, en lo urbano, sigue una amplia franja de votación que no es controlada por los narcoparacos y ha sido denominada como “voto de opinión”; pero, que es manipulable a la campaña publicitaria de los grandes medios masivos de información, que son propiedad de los grandes grupos económicos.

Más de 100 parlamentarios han sido judicializados por narcoparamilitarismo, pero, la mayoría renunció a la investidura de congresistas, para poder ser juzgados por fiscales y jueces sobornables. Los partidos uribistas que quedaron desmantelados porque los principales jefes están en la cárcel, simplemente cambiaron de nombre, manteniendo la personería jurídica y siguen siendo dirigidos por los mafiosos prisioneros. Estos son los casos de ADN Alianza Democrática Nacional (antes Colombia Viva) o del PIN Partido de Integración Nacional (antigua Convergencia Ciudadana). Dentro de los propios uribistas se presenta el canibalismo, puesto que todos sus jefes están prostituidos, alertas al mejor postor, y se permite el transfuguismo político.

Así que, en estas elecciones parlamentarias se repetirá lo mismo que las anteriores, donde los sectores alternativos al establecimiento, tendrán muy pocas probabilidades de éxito. Tendremos otro Congreso con mayorías de los narco paramilitares y sus testaferros, además de las hereditarias curules de los sectores burgueses y terratenientes,.

La guerra mafiosa

Por el lado presidencial, la Constitución nacional no aguantaba más violaciones, para intentar acomodar las pretensiones del chiflado presidente. Está desesperado por perder las ventajas lucrativas que le ha deparado el poder, pero también está asustado por perder la inmunidad diplomática y pueda pasar a ser juzgado por los Tribunales Internacionales de Justicia, por sus actividades mafiosas y por cometer incontables crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Sólo la intervención “divina” de los gringos ha permitido que la Corte Constitucional, en forma sorpresiva, haya procedido en “derecho” y declarado inexequible la totalidad del decreto que permitía otra reelección de AUV. Hasta aquí se paro el chorro de tropelías del presidente, para obligar a emitir fallos a favor de su continuidad en el poder.

Así, este Frankenstein criollo, que se creía el propio cancerbero, es decir, el perro guardián de las puertas del infierno, no podrá jamás volver a ejercer directamente el poder y pasará a la quinta paila mocha, a pagar toda la barbarie cometida contra los colombianos. Pero, antes que pase a la justicia divina, nos contentamos que tenga la misma suerte de Fujimori, para que, lo que tenga de vida, lo pague en la cárcel.

Ya habíamos señalado que, aunque AUV no tenía la bendición de los gringos para seguir de presidente, éste no podía declinar a su reelección, porque el día que lo hiciera, se le acababa el gobierno y se iniciaba el canibalismo entre toda la jauría de sus lugartenientes: ésta era su verdadera “encrucijada del alma” y se necesitó que de la Corte le ayudara a resolverla.

En lo que resta de este gobierno, se disparará la guerra de los corruptos. A tarascadas llenas, blandiendo colmillos, garfios, puñal, metralleta y motosierra, se acabarán de raspar la olla del erario público, de la contratación oficial, de la entrega de los recursos naturales. Acelerarán la privatización total de Ecopetrol, de Isagen, de las pocas hidroeléctricas departamentales, de la educación, salud y demás servicios públicos.

Así, los “agro robos seguros”, la contratación para los Nule, los negociados de los hijos del presidente, la mercantilización de la salud y la educación, etc, etc, se multiplicarán en forma exponencial. Es una guerra entre bandidos de la peor calaña, donde ya se perdió todo código de honor y no hay reglas que respetar.

Algo parecido sucederá en la vertiginosa campaña electoral. Por más que Frankenstein diga que uribito es su engendro mejorado y predilecto, para el resto de candidatos, es sólo el tontarrón de palacio, jugando a imitar a su papá putativo.

El uribismo no es un partido político, sino un pacto entre bandidos, de muchos grupos de narcotraficantes, paramilitares y sectores de la extrema derecha neofascista, con distintos intereses, pero reconociendo todos, la autoridad del capo de capos: Álvaro Uribe Vélez. Pero, si el gran patrón ya no puede seguir en la presidencia, son muchos los que consideran que pueden ser el sucesor.

La campaña presidencial será una guerra de todos contra todos, pero también se resolverá con una regla de tres simple: si los narcoparamilitares son la principal maquinaria electoral, el próximo presidente será quien logre poner de su parte la mayoría de los grupos paracos. Aquí es donde la ventaja parece estar del lado del vampiro Santos.

Las elecciones en Colombia no son la máxima expresión de la democracia, sino una guerra de bandidos, una feria de abalorios, donde todo se compra y se vende, donde todos los bandidos tienen precio y no es de extrañar que el Vampiro termine aliado con el Tontarrón, en una fórmula única que reúna las dos bandolas uribistas más fuertes (partido de la U y partido conservador).

Alternativas populares

Mientras los continuadores de la seguridad democrática se echan muela, se dan palo y recomponen un nuevo pacto de gobernabilidad, a los sectores populares nos espera un año de serias confrontaciones al Estado.

Tenemos la obligación de confrontar las leyes y decretos mafiosos y antisociales que está dictando el desquiciado presidente. Tenemos que volcarnos a las calles a impedir que acaben con el sistema de salud y educación públicas. Tenemos que parar el genocidio que se sigue cometiendo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, contra los sindicalistas y demás sectores populares. Tenemos que revocar el acuerdo militar de AUV con los yanquis, para recuperar nuestra soberanía. Tenemos que volver a lanzar el grito de independencia, pues hoy como hace 200 años, seguimos siendo una colonia. Tenemos que instalar un verdadero Congreso de los Pueblos, donde el constituyente primario, construya la democracia, haciendo las leyes directamente.

El 2010 es un año para fortalecer la resistencia, para sumarnos a las luchas continentales, pero necesitamos grandes esfuerzos unitarios. Donde la Gran Coalición Democrática, la Minga Social y Comunitaria y, los demás sectores y regiones en conflicto, tengan la grandeza de andar por los mismos caminos, de concertar contundentes demostraciones de masas, para que logremos ser oídos en el continente y sacudamos las mafias que gobiernan el país.

Saludamos el comunicado de diciembre pasado, donde las guerrillas anuncian que van a parar su enfrentamiento fratricida, pero, ahora se necesita que dejen de auto contemplarse, que paren las agresiones a los sectores populares y se decidan a

Fecha de Publicación: 7/03/2010