(Colômbia - Medios de Comunicación) - Amenazas a la prensa en Colombia

Periodistas denuncian restriciones a la libertad de prensa y responsabilizan el presidente Alvaro Uribe por amenazas

Ricardo Daher

Fuente: Barómetro Internacional

Acostumbrados a las denuncias de presiones y amenazas a los periodistas, los colombianos se sorprendieron cuando la semana pasada se anunció el cierre de la revista “Cambio”, propiedad del grupo español Planeta y la familia Santos, del vicepresidente de la república, Francisco Santos.

La revista Cambio ha denunciado casos de corrupción y escándalos en Colombia, como el otorgamiento de subsidios agrícolas a terratenientes, el espionaje del DAS a opositores, periodistas y magistrados, o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.

La medida, sorprendió por cuanto la publicación había cerrado el año con ganancias, pero muchos observadores concluyeron que era una decisión casi lógica debido al periodismo de investigación y denuncia que había caracterizado a la revista.

La misma semana del cierre de Cambio, los comunicadores Hollman Morris y Claudia Julieta Duque denunciaron, en el marco de la celebración del Día del Periodista, el pasado 9 de febrero, amenazas, acosos y seguimientos contra ellos y su familia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En rueda de prensa, Morris y Duque hicieron públicos los documentos del llamado G-3 del DAS, donde se pone en evidencia que las informaciones sobre los hostigamientos, del cual ellos advierten, en contra de críticos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, eran enviados al propio mandatario. "El periodismo en Colombia está herido de muerte y en el día de hoy (Día del Periodista) tiene poco que celebrar y mucho que denunciar", señaló Morris, director del programa Contravía, en el que se ofrece una crítica visión del conflicto armado colombiano. Asimismo, el periodista explicó que "las pruebas y testimonios judiciales que están en poder de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión".

Sostuvo además que Uribe no puede desconocer su responsabilidad sobre el argumento de que él no ordenó esas actividades. Duke también indicó que, según los documentos que presentaron, ha llegado a recibir llamadas del departamento de Seguridad, en las que amenazaban a su hija de diez años. Morris y Duque aseguraron que tanto ellos como sus familias "continúan en riesgo", así como unos 16 periodistas colombianos más, entre ellos Carlos Lozano, director del semanario Voz, y Alfredo Molano, columnista de El Espectador.

De acuerdo con las denuncias estuvo el periodista Carlos Lozano, quien también responsabilizó al presidente Uribe de lo que le pudiese pasar a sus colegas. "Si algo llegare a pasarle a alguno de estos periodistas o a algunas de estas personas que han sido sometidas a esos seguimientos, la responsabilidad principal la tiene el presidente de la República, el señor Uribe Vélez. Hoy no hay duda que ahí en la casa de Nariño, es donde se estaban tramando todo este tipo de cosas delincuenciales".

Al mismo tiempo, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa alertó que las agresiones contra la prensa colombiana aumentaron en 2009, cuando se registraron 180 actos violatorios a la libertad de prensa contra 258 periodistas, mientras que en 2008, 157 trabajadores de prensa recibieron 129 agresiones. Según los registros de la Fundación, el año pasado se presentaron 74 casos de amenazas contra periodistas, otros 30 donde los profesionales recibieron maltrato y 42 en los que se obstaculizó su trabajo.

De acuerdo al informe, cuatro reporteros debieron exiliarse, otros dos fueron arrestados, en tanto tres fueron secuestrados y uno murió por “razones del oficio”. Se trata de José Everardo Aguilar, periodista de Radio Súper, en Patía, departamento (estado) de Cauca, sur de Colombia, quien solía hacer denuncias sobre corrupción política en la emisora, según el reporte de la Fundación.

Para la fundación, las agresiones más preocupantes fueron la “obstrucción al trabajo periodístico”, ya que muchos profesionales tenían intervenidos sus teléfonos, y el “seguimiento ilegal” a 16 periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad.

Fecha de Publicacion: 21/02/2010