Asociación cultural Yoruba de Cuba apela por los cinco presos cubanos en EEUU que ahora en septiembre completa 12 años
Prado No. 615, entre Montes y Dragones, Municipio La Habana Vieja. Telefónos. 863-5953/863-7660/863-7415
E-Mail asyoruba@cubarte.cult.cu Fax-863-7484
Al: Excmo. Sr. Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América.
Washington DF.
Estados Unidos de América.
Su Excelencia:
Por este medio, venimos a poner en su conocimiento que nuestra religión, que nace en el continente africano, por ende una de las religiones más antiguas con que cuenta la humanidad por no decir, la primera, ya que es justamente en esta región donde nacen los seres humanos algo corroborado por los estudiosos del tema que dan fe que los restos humanos más antiguos con que cuenta la humanidad fueron justamente encontrados en esta región y en su historia y mitología se cuenta como surgió la vida y todo lo que tiene vida en el planeta.
Por las razones antes expuestas, venimos con toda la humildad que nos caracteriza y sabiendo que pensará en nuestra petición, que no es otra de que tenga presente el amor a la vida y sus semejantes, por ser Ud. también un descendiente de ese continente, creídos que debe hacer honor a las enseñanzas que ese continente nos ha transmitido a través de lo legado por nuestros ancestros, que es el de amor, la humildad, la lealtad, el respeto a la humanidad y a todo lo que tiene vida en el planeta.
En primer lugar quisiéramos que interceda, poniendo en ello todo su corazón, en evitar la terrible guerra que se puede avecinar si no se le pone punto final a la relaciones hostiles entre Israel e Irán, ya que Ud. como hombre de conocimiento sabe, que si se desata una guerra entre estas dos naciones conllevaría a la destrucción de una parte del planeta y solamente Olodumare podría saber como acabaría todo.
Por otro lado apelamos a que finalice la injusta prisión que cumplen cinco hombres cubanos presos injustamente en cárceles vuestras, por el sólo hecho de evitar el terrorismo, además de haber sufrido por doce largos años de prisión, las vejaciones y violaciones de todo tipo de derechos humanos para con ellos.
Tenemos la seguridad, que para bien o para mal, la historia la hacen los hombres, por lo que confiamos en su sabiduría y en su condición de hombre que le permitirán hacer lo correcto ante situaciones como estás.
De ud. dependerá en un futuro no lejano que tan sólo por una vez se logre, lo que han querido nuestros humildes sacerdotes, descendientes de ese continente africano tan sufrido, y que al igual que ud. deberá hacer valer el amor, la hermandad, la paz entre todos los seres humanos y seres vivos de este planeta.
Que Olodumare y su panteón de Orichas, al igual que los dioses de vuestra religión lo guíen y sepa encaminarse por la solución a estos dos planteamientos de nuestros ancianos.
En espera de su respuesta, seguros de contar con su sabia decisión a los planteamientos hechos en esta carta de petición, tenga bien aceptar la expresión de nuestra más alta consideración.
a) Consejo de Sacerdotes Mayores de ifa de la República de Cuba.
b) Consejo de Sacerdotes Obateros (Oriaté) Mayores de la República de Cuba.
c) Consejo de Sacerdotisas Iyalochas Mayores de la República de Cuba.
d) Consejo de Sacerdotes Babalochas Mayores de la República de Cuba.
e) Consejo de Sacerdotes Jefes de Cabildos de la República de Cuba
f) Consejo de Sacerdotes Mayores Arará de la República de Cuba.
g) Consejo de Sacerdotes Presidente de los Ile Ochas (casa de santo) de cada Provincia.
domingo, 5 de setembro de 2010
sábado, 4 de setembro de 2010
(Uruguay - Derechos Humanos) -Un cuarto de siglo después de la dictadura, los desaparecidos siguen desapareciendo
En Uruguay la Justicia no tipifica el delito de desaparición forzada. Sólose hallaron restos de tres víctimas. El Estado no termina de reconocer el traslado de lossecuestrados en el exterior, las Fuerzas Armadas siguen sinaportar nuevos datos y el sistema judicial no impone la tipificación del delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
Fuente:Caras y Caretas. 3 9 10.
Roger Rodriguez
En los 25 años que transcurrieron desde el fin de la dictadura, de los 172 casos denunciados y confirmados de uruguayos que padecieron el crimen de desaparición forzada, sólo se han recuperado los restos de una decena de víctimas (apenas tres en territorio uruguayo) y la identidad de una docena de niños que habían desaparecido tras el secuestro de sus padres.
El informe final de la Comisión para la Paz, de 2003, sólo reconoció 32 casos de uruguayos desaparecidos en Uruguay, a pesar de las denuncias sobre la existencia de un “segundo vuelo” de Automotores Orletti en el que se había trasladado a una veintena de uruguayos supuestamente desaparecidos en Argentina. Esa “repatriación” fue reconocida por la Fuerza Aérea en 2005, pero aún sigue siendo negada por el Ejército.
Las investigaciones sobre los desaparecidos ordenadas por el gobierno de Tabaré Vázquez permitieron recopilar y confirmar la información que habían denunciado los familiares de las víctimas, a través de documentos desarchivados, pero en las publicaciones oficiales se continúa manejando la versión de que la mayoría de las desapariciones ocurrieron fuera de Uruguay.
La desaparición forzada
El delito de desaparición forzada de personas comenzó a perpetrarse en Uruguay en 1971, durante el régimen democrático de Jorge Pacheco Areco, cuando el Escuadrón de la Muerte ocultó los cuerpos de Abel Ayala y Héctor Castagnetto a quienes había secuestrado, torturado y asesinado. Ambos continúan sin aparecer.
También antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se produjo la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en un cuartel de Paso de los Toros, cuyo cuerpo fue fondeado con alambres y piedras en el lago de Rincón del Bonete. Se recuperó su cráneo, pero el cuerpo (enterrado como NN) volvió a desaparecer, en democracia, del cementerio isabelino.
La desaparición masiva de uruguayos comenzó en Chile, tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Nueve uruguayos fueron víctimas en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre y el 11 de octubre de 1973. Hasta la fecha sólo se ubicó y repatrió el cuerpo sin cabeza de la comunista Mónica Benarroyo.
En 1974 se registraron cinco desapariciones. José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Luis Eduardo González González en Uruguay y Washington Barrios y Natalio Dergan en Argentina. El lugar de enterramiento de Vega fue señalado en un informe oficial de la Fuerza Aérea, pero no pudo ser encontrado. Barrios probablemente fue trasladado a Uruguay. Ese mismo año se produjo la desaparición de un niño, Amaral García, cuyos padres fueron secuestrados en Argentina, trasladados a Uruguay y fusilados cerca de Soca. Amaral fue recuperado en 1985. También se identificaron los cuerpos de Hugo Cacciavillani y Rutilo Bentancour, fusilados ese año en Catamarca, Argentina.
En 1975 desaparecieron dos uruguayos en Argentina y un grupo de seis militantes del Partido Comunista en Uruguay. De éstos sólo fue ubicado el cuerpo del escribano Fernando Miranda, oculto en el Batallón de Infantería Nº 13. El Ejército había dicho que lo enterraron en el Batallón Nº 14 de Toledo y que sus restos, incinerados, fueron arrojados al mar.
La desaparición masiva.
A partir de 1976, luego del golpe de Estado en Argentina, la desaparición forzada se aplicó en forma metódica. Ese año, se registran en Uruguay los casos de Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chávez Sosa, Elena Quinteros Almeida y Julio Escudero. Sólo los restos de Chávez fueron encontrados, en una chacra de Pando, por indicaciones aportadas en el informe de la Fuerza Aérea.
En Argentina había comenzado la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, por la que, sólo en 1976, se confirma la desaparición de cuarenta y cinco ciudadanos uruguayos, la mitad de los cuales habría sido trasladada ilegalmente en el llamado “segundo vuelo” desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti para ser ejecutados y enterrados en Uruguay.
De ese período, dos cuerpos fueron recuperados en Argentina (Eduardo Chizzola y Hugo Gomensoro Josman). También logró ubicarse a varios de los niños desaparecidos: Carla Rutilo (hija de Enrique Lucas López, desaparecido en Bolivia), Simón Riquelo, Mariana Fernández, Mariana Zaffaroni, Anatole y Victoria Julien, y Macarena Gelman (hija de María Claudia García de Gelman, traída a Uruguay).
En 1977, las desapariciones masivas continuaron. Treinta y cinco uruguayos fueron secuestrados en Argentina, cinco en Uruguay y dos en Paraguay. Se estima que al menos veinticinco de los desaparecidos fueron trasladados a Uruguay, como habría ocurrido con Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, detenidos en Asunción y llevados luego a Buenos Aires.
El delito no cesó en 1978: hubo doce casos en Argentina y cuatro casos en Uruguay. De esa etapa se identificó a Helios Serra, encontrado en una playa de Argentina, tras ser arrojado de un avión al mar. También se confirmó el nacimiento de varios hijos en centros de detención de Buenos Aires. Fueron recuperados Victoria Moyano, Carmen Gallo, Carlos D’Elía, Andrea Hernández y Paula Logares.
Los casos de desaparición continuaron. En 1979 desapareció Carlos Modernell en Colombia, en 1981 fueron Félix Ortiz, Antonio Paitta y Urbano Miranda, y en 1982 se registró el último caso confirmado, el de Miguel Mattos Fagián.
La desaparición impune.
Aunque en Uruguay sólo se han encontrado los restos de Chávez y Miranda (otras piezas óseas halladas en el Batallón Nº 13 no han sido identificadas), la justicia penal ha enjuiciado por esos crímenes a los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, junto a otros seis militares, un soldado y dos policías.
Bordaberry fue condenado a treinta años de prisión por coautoría de dos homicidios especialmente agravados y nueve casos de desaparición forzada. Es el único al que se le ha tipificado ese crimen de lesa humanidad, por sentencia de la jueza Mariana Motta y acusación de la fiscal Ana María Telechea.
El ‘Goyo’ Álvarez, en cambio, fue condenado por treinta y siete homicidios especialmente agravados, que incluyen casos de desaparición que no fueron tipificados como tales por el juez y, días atrás, por un tribunal de apelaciones a pesar de que así lo pedía la fiscal Mirtha Guianze.
Tampoco los oficiales José Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, el soldado Ernesto Soca y los policías Ricardo Medina y Luis Sande, procesados por la desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires, han recibido la tipificación de ese delito de lesa humanidad.
Otro tanto ocurre con el marino Juan Carlos Larcebeau, procesado junto al dictador Álvarez por la desaparición en 1978 de otros uruguayos detenidos en Buenos Aires y trasladados a Uruguay, donde fueron ejecutados. Su socio, el capitán Jorge Tróccoli, radicado en Italia, continúa prófugo de la justicia.
Los otros dos militares que se encuentran en la cárcel especial de la calle Domingo Arena tampoco tienen condena por crímenes de lesa humanidad. Carlos Calcagno, detenido para su extradición a Paraguay, está siendo indagado por la desaparición de Santana e Inzaurralde, mientras que el coronel (r) Juan Carlos Gómez fue procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman.
El sistema judicial uruguayo ha rechazado los reclamos de tipificación del delito de desaparición forzada de personas, a pesar de que éste existe en los acuerdos internacionales aprobados por Uruguay y está establecido en la Ley Nº 18.026 que incorporó la normativa internacional sobre derechos humanos.
A 25 años de la dictadura, la desaparición forzada sigue sin castigo. La búsqueda de los restos estuvo ocho meses paralizada. Los investigadores no acceden a los archivos militares. Las Fuerzas Armadas no aportan nuevos datos. Y la justicia –con la Ley de Caducidad vigente– no tipifica los crímenes de lesa humanidad. Los desaparecidos siguen desapareciendo y el “¿dónde están?” continúa sin respuesta.
Fecha de Publicación: 3.09.2010
Fuente:Caras y Caretas. 3 9 10.
Roger Rodriguez
En los 25 años que transcurrieron desde el fin de la dictadura, de los 172 casos denunciados y confirmados de uruguayos que padecieron el crimen de desaparición forzada, sólo se han recuperado los restos de una decena de víctimas (apenas tres en territorio uruguayo) y la identidad de una docena de niños que habían desaparecido tras el secuestro de sus padres.
El informe final de la Comisión para la Paz, de 2003, sólo reconoció 32 casos de uruguayos desaparecidos en Uruguay, a pesar de las denuncias sobre la existencia de un “segundo vuelo” de Automotores Orletti en el que se había trasladado a una veintena de uruguayos supuestamente desaparecidos en Argentina. Esa “repatriación” fue reconocida por la Fuerza Aérea en 2005, pero aún sigue siendo negada por el Ejército.
Las investigaciones sobre los desaparecidos ordenadas por el gobierno de Tabaré Vázquez permitieron recopilar y confirmar la información que habían denunciado los familiares de las víctimas, a través de documentos desarchivados, pero en las publicaciones oficiales se continúa manejando la versión de que la mayoría de las desapariciones ocurrieron fuera de Uruguay.
La desaparición forzada
El delito de desaparición forzada de personas comenzó a perpetrarse en Uruguay en 1971, durante el régimen democrático de Jorge Pacheco Areco, cuando el Escuadrón de la Muerte ocultó los cuerpos de Abel Ayala y Héctor Castagnetto a quienes había secuestrado, torturado y asesinado. Ambos continúan sin aparecer.
También antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se produjo la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en un cuartel de Paso de los Toros, cuyo cuerpo fue fondeado con alambres y piedras en el lago de Rincón del Bonete. Se recuperó su cráneo, pero el cuerpo (enterrado como NN) volvió a desaparecer, en democracia, del cementerio isabelino.
La desaparición masiva de uruguayos comenzó en Chile, tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Nueve uruguayos fueron víctimas en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre y el 11 de octubre de 1973. Hasta la fecha sólo se ubicó y repatrió el cuerpo sin cabeza de la comunista Mónica Benarroyo.
En 1974 se registraron cinco desapariciones. José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Luis Eduardo González González en Uruguay y Washington Barrios y Natalio Dergan en Argentina. El lugar de enterramiento de Vega fue señalado en un informe oficial de la Fuerza Aérea, pero no pudo ser encontrado. Barrios probablemente fue trasladado a Uruguay. Ese mismo año se produjo la desaparición de un niño, Amaral García, cuyos padres fueron secuestrados en Argentina, trasladados a Uruguay y fusilados cerca de Soca. Amaral fue recuperado en 1985. También se identificaron los cuerpos de Hugo Cacciavillani y Rutilo Bentancour, fusilados ese año en Catamarca, Argentina.
En 1975 desaparecieron dos uruguayos en Argentina y un grupo de seis militantes del Partido Comunista en Uruguay. De éstos sólo fue ubicado el cuerpo del escribano Fernando Miranda, oculto en el Batallón de Infantería Nº 13. El Ejército había dicho que lo enterraron en el Batallón Nº 14 de Toledo y que sus restos, incinerados, fueron arrojados al mar.
La desaparición masiva.
A partir de 1976, luego del golpe de Estado en Argentina, la desaparición forzada se aplicó en forma metódica. Ese año, se registran en Uruguay los casos de Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chávez Sosa, Elena Quinteros Almeida y Julio Escudero. Sólo los restos de Chávez fueron encontrados, en una chacra de Pando, por indicaciones aportadas en el informe de la Fuerza Aérea.
En Argentina había comenzado la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, por la que, sólo en 1976, se confirma la desaparición de cuarenta y cinco ciudadanos uruguayos, la mitad de los cuales habría sido trasladada ilegalmente en el llamado “segundo vuelo” desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti para ser ejecutados y enterrados en Uruguay.
De ese período, dos cuerpos fueron recuperados en Argentina (Eduardo Chizzola y Hugo Gomensoro Josman). También logró ubicarse a varios de los niños desaparecidos: Carla Rutilo (hija de Enrique Lucas López, desaparecido en Bolivia), Simón Riquelo, Mariana Fernández, Mariana Zaffaroni, Anatole y Victoria Julien, y Macarena Gelman (hija de María Claudia García de Gelman, traída a Uruguay).
En 1977, las desapariciones masivas continuaron. Treinta y cinco uruguayos fueron secuestrados en Argentina, cinco en Uruguay y dos en Paraguay. Se estima que al menos veinticinco de los desaparecidos fueron trasladados a Uruguay, como habría ocurrido con Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, detenidos en Asunción y llevados luego a Buenos Aires.
El delito no cesó en 1978: hubo doce casos en Argentina y cuatro casos en Uruguay. De esa etapa se identificó a Helios Serra, encontrado en una playa de Argentina, tras ser arrojado de un avión al mar. También se confirmó el nacimiento de varios hijos en centros de detención de Buenos Aires. Fueron recuperados Victoria Moyano, Carmen Gallo, Carlos D’Elía, Andrea Hernández y Paula Logares.
Los casos de desaparición continuaron. En 1979 desapareció Carlos Modernell en Colombia, en 1981 fueron Félix Ortiz, Antonio Paitta y Urbano Miranda, y en 1982 se registró el último caso confirmado, el de Miguel Mattos Fagián.
La desaparición impune.
Aunque en Uruguay sólo se han encontrado los restos de Chávez y Miranda (otras piezas óseas halladas en el Batallón Nº 13 no han sido identificadas), la justicia penal ha enjuiciado por esos crímenes a los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, junto a otros seis militares, un soldado y dos policías.
Bordaberry fue condenado a treinta años de prisión por coautoría de dos homicidios especialmente agravados y nueve casos de desaparición forzada. Es el único al que se le ha tipificado ese crimen de lesa humanidad, por sentencia de la jueza Mariana Motta y acusación de la fiscal Ana María Telechea.
El ‘Goyo’ Álvarez, en cambio, fue condenado por treinta y siete homicidios especialmente agravados, que incluyen casos de desaparición que no fueron tipificados como tales por el juez y, días atrás, por un tribunal de apelaciones a pesar de que así lo pedía la fiscal Mirtha Guianze.
Tampoco los oficiales José Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, el soldado Ernesto Soca y los policías Ricardo Medina y Luis Sande, procesados por la desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires, han recibido la tipificación de ese delito de lesa humanidad.
Otro tanto ocurre con el marino Juan Carlos Larcebeau, procesado junto al dictador Álvarez por la desaparición en 1978 de otros uruguayos detenidos en Buenos Aires y trasladados a Uruguay, donde fueron ejecutados. Su socio, el capitán Jorge Tróccoli, radicado en Italia, continúa prófugo de la justicia.
Los otros dos militares que se encuentran en la cárcel especial de la calle Domingo Arena tampoco tienen condena por crímenes de lesa humanidad. Carlos Calcagno, detenido para su extradición a Paraguay, está siendo indagado por la desaparición de Santana e Inzaurralde, mientras que el coronel (r) Juan Carlos Gómez fue procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman.
El sistema judicial uruguayo ha rechazado los reclamos de tipificación del delito de desaparición forzada de personas, a pesar de que éste existe en los acuerdos internacionales aprobados por Uruguay y está establecido en la Ley Nº 18.026 que incorporó la normativa internacional sobre derechos humanos.
A 25 años de la dictadura, la desaparición forzada sigue sin castigo. La búsqueda de los restos estuvo ocho meses paralizada. Los investigadores no acceden a los archivos militares. Las Fuerzas Armadas no aportan nuevos datos. Y la justicia –con la Ley de Caducidad vigente– no tipifica los crímenes de lesa humanidad. Los desaparecidos siguen desapareciendo y el “¿dónde están?” continúa sin respuesta.
Fecha de Publicación: 3.09.2010
sexta-feira, 3 de setembro de 2010
(America Latina - Medios de Comunicación) - La ultra derecha mediática actúa concertadamente
La prensa comercial esta en contra los procesos de cambios estruturales que se desarolla en países
latinoamericanos
Alberto Maldonado S.latino
Fuente: America Latina en movimiento
He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%; producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares, una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura)
De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares (“firme o le costará la vida de su hija y de la suya” una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la “lucha contra la subversión” en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria.
Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kishner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos.
"Coincidentalmente” en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo “de una disposición contraria a la libertad de expresión”, en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino “El Nacional” (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha muy anterior) de un “anfiteatro” caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto “quiso advertir” que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, “echarle el muerto” a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.
En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una distancia; pero la intención es clarísima
Esa “tendencia”, sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una “ley mordaza” tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una “cuña-denuncia” según la cual, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se respira un ambiente de “peligro para la libertad de expresión” Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe “contra la democracia y la libertad”.
Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están) es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: “que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta” y de paso consolidar lo que ha venido siendo “el catálogo del periodismo libre”: que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la “libertad de expresión”, que nadie debería enjuiciarlos peor censurarlos y otras lindezas de este estilo.
Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010) El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: “La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos” La “redacción política” del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de “prensa” (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que “hace estudios” respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido.
Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes “estudiosos”- dicen que han analizado la situación de “la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de “países de prensa libre” (en el 2000) hemos pasado a “parcialmente libres” a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado “por la violencia civil” pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo.
Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS, un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus “atentados” contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio- se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa “ha insultado a la prensa y a los periodistas” y eso lo presenta como “riesgos” contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho “samba canuta” del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es “ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro”; y lo otro “una agresión contra esa libertad” ¡Qué tal!
Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que “Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure” como que si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.
Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido “amigos de la casa” (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y “enemigos de la empresa” para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.
En estos tiempos, el panorama descrito a través de unos pocos casos, lo que nos rebela es que los medios comerciales coinciden sin rubor en posiciones antagónicas frente a procesos políticos, económicos y sociales de cambios, que se vienen dando en nuestros países. Desde hace rato, se observa una manipulación informativa generalizada en contra de todo proceso de cambios o de transformaciones, por más mínimos que sean. El sistema imperante, (a través de sus medios comunicacionales) no quiere correr riesgos frente a la posibilidad de que las masas hambrientas y marginadas de nuestras sociedades, en procesos violentos o no, empiecen a minar los intereses del gran imperio y de las burguesías criollas. No hay que olvidar que la gran prensa sipiana depende en altísimo porcentaje, de las “generosas fuentes de financiamiento” que tienen el título de “marketing” o de publicidad pagada. Y está claro que los sectores sociales en proceso de transformaciones y demandas, no tienen ni para su diario sustento; peor para pagar espacios de publicidad en tales medios. Y se da la incongruencia, en nuestros países, que la publicidad estatal, sigue alimentando con millones de dólares a sus verdugos.
Fecha de Pulicación: 30 de agosto 2010
latinoamericanos
Alberto Maldonado S.latino
Fuente: America Latina en movimiento
He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%; producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares, una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura)
De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares (“firme o le costará la vida de su hija y de la suya” una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la “lucha contra la subversión” en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria.
Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kishner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos.
"Coincidentalmente” en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo “de una disposición contraria a la libertad de expresión”, en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino “El Nacional” (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha muy anterior) de un “anfiteatro” caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto “quiso advertir” que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, “echarle el muerto” a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.
En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una distancia; pero la intención es clarísima
Esa “tendencia”, sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una “ley mordaza” tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una “cuña-denuncia” según la cual, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se respira un ambiente de “peligro para la libertad de expresión” Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe “contra la democracia y la libertad”.
Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están) es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: “que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta” y de paso consolidar lo que ha venido siendo “el catálogo del periodismo libre”: que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la “libertad de expresión”, que nadie debería enjuiciarlos peor censurarlos y otras lindezas de este estilo.
Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010) El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: “La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos” La “redacción política” del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de “prensa” (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que “hace estudios” respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido.
Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes “estudiosos”- dicen que han analizado la situación de “la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de “países de prensa libre” (en el 2000) hemos pasado a “parcialmente libres” a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado “por la violencia civil” pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo.
Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS, un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus “atentados” contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio- se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa “ha insultado a la prensa y a los periodistas” y eso lo presenta como “riesgos” contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho “samba canuta” del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es “ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro”; y lo otro “una agresión contra esa libertad” ¡Qué tal!
Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que “Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure” como que si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.
Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido “amigos de la casa” (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y “enemigos de la empresa” para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.
En estos tiempos, el panorama descrito a través de unos pocos casos, lo que nos rebela es que los medios comerciales coinciden sin rubor en posiciones antagónicas frente a procesos políticos, económicos y sociales de cambios, que se vienen dando en nuestros países. Desde hace rato, se observa una manipulación informativa generalizada en contra de todo proceso de cambios o de transformaciones, por más mínimos que sean. El sistema imperante, (a través de sus medios comunicacionales) no quiere correr riesgos frente a la posibilidad de que las masas hambrientas y marginadas de nuestras sociedades, en procesos violentos o no, empiecen a minar los intereses del gran imperio y de las burguesías criollas. No hay que olvidar que la gran prensa sipiana depende en altísimo porcentaje, de las “generosas fuentes de financiamiento” que tienen el título de “marketing” o de publicidad pagada. Y está claro que los sectores sociales en proceso de transformaciones y demandas, no tienen ni para su diario sustento; peor para pagar espacios de publicidad en tales medios. Y se da la incongruencia, en nuestros países, que la publicidad estatal, sigue alimentando con millones de dólares a sus verdugos.
Fecha de Pulicación: 30 de agosto 2010
quinta-feira, 2 de setembro de 2010
(Argentina - Medios de comunicación) - La contaminación informativa
Los medios de comunicación de mercado están bajo control de setores dominantes que mezclan em sun planteamentos liberdad de prensa con libertad de de empresa y manipulan la información
Adolfo Pérez Esquivel*
Fuente: ALAI AMLATINA
La vida de los pueblos está sometida a los impactos ambientales, a la contaminación auditiva y visual de la palabra y las ideas, es imponer el monocultivo de las mentes. Los avances tecnológicos se utilizan muchas veces, para el control de los medios de comunicación y así condicionar y manipular a los pueblos. Ningún medio informativo es aséptico, pero deben basarse en la ética y valores al servicio de los pueblos y no servirse de los mismos.
Una de las grandes conquistas de las luchas sociales fue la libertad de prensa, el derecho de informar y ser informado, pero los grandes monopolios económicos, ideológicos y políticos que controlan los medios de información han matado la libertad de prensa y quieren confundirla y reducirla a la libertad de empresa y no son sinónimos.
La contaminación de la palabra y la propaganda mediática han llegado a tal extremo que no permite ver con claridad donde está la veracidad informativa. La ética y búsqueda de la verdad están ausentes y prevalece la distorsión de la realidad. La CNN es el ejemplo de esa contaminación que sufren los pueblos. Su accionar en Irak es y fue para justificar la guerra, y difundir que ese país poseía armas de destrucción masiva. Algo semejante están armando actualmente contra Irán y otros países; y por otra parte ocultan las masacres y asesinatos de niños y población en Irak y Afganistán, donde los que dicen defender la “democracia”, se dedican al saqueo del patrimonio del pueblo iraquí, e implantan centros de torturas llevando a esa región destrucción y muerte. Se los acusa de “terrorismo islámico”, cuando los verdaderos terroristas son los torturadores y asesinos que invadieron esos países, violando los derechos humanos y derechos de los pueblos y todas las convenciones internacionales.
Los grandes monopolios informativos de Europa, EEUU y América Latina están en una fuerte campaña internacional para atacar y desprestigiar a gobiernos como el de Hugo Chávez, en Venezuela, acusándolo de tirano y de todos los males; ignorando en sus olvidos intencionados, que Chávez es de los pocos presidentes que se presenta a elecciones y el pueblo lo re-elige, por sus políticas sociales y trabajo en bien de los sectores más postergados.
Otro blanco mediático de esa campaña de desprestigio es el presidente Evo Morales, de Bolivia, quien debe soportar la campaña y acción de los medios concentrados de comunicación, contra un gobierno que ha buscado la integración y vida de los pueblos en un país pluricultural y nacional y ha tocado a los intereses económicos y políticos que siempre dominaron en Bolivia.
Las campañas mediáticas de los grandes monopolios informativos están dirigidas a la contaminación mental que debilite a los gobiernos progresistas. A través del tiempo vemos que lo mismo ocurre con Fidel Castro y el gobierno cubano; 50 años de resistencia y asombro en el mundo sobre los avances y capacidad de su pueblo, sus programas de salud, educación y lucha contra el analfabetismo y la pobreza.
Lo evidente es que Cuba es un pueblo solidario con otros pueblos más necesitados y los hechos hablan por si mismos. Desde hace mucho tiempo, antes del terremoto que asoló a Haití, Cuba envió médicos, educadores, técnicos para apoyar y trabajar solidariamente junto al pueblo haitiano, víctima de la pobreza, marginalidad, violencia social y estructural y de los desastres naturales.
Estados Unidos, como respuesta a las necesidades del pueblo haitiano, envió 20 mil soldados para controlar y someter al pueblo. Pero de esto no se habla, la intencionalidad de las campañas periodísticas es estar al servicio de los intereses económicos y políticos de los poderosos para someter a los pueblos.
Muchas acciones solidarias y hechos positivos son ocultados por los medios informativos. La presidenta Cristina Fernández Kirchner en su viaje a Europa, señaló, la crisis vivida por esos países y sugirió no aceptar la receta del FMI y del BM, advirtiéndoles las graves consecuencias sobre la vida del pueblo argentino y la crisis financiera.
La soberbia de los grandes medios de comunicación europeos se refirieron en forma despectiva y hablan de “esa señora que nos quiere enseñar que debemos hacer”. Sería bueno y saludable que presten atención a los consejos de la presidenta quien solidariamente les ha tendido la mano.
He hecho público y sostengo que la Ley de Medios Audiovisuales sancionada por el Parlamento es necesaria, ya que permite romper el control de los monopolios informativos y generar el pluralismo periodístico, y recuperar la libertad de prensa. La reacción de las corporaciones, como el Grupo Clarín, han desatado una campaña virulenta contra el gobierno acompañada por la voracidad de una oposición sin ideas, que busca únicamente golpear al gobierno y que tienen todos los medios a su disposición, como la pitonisa que anuncia toda clase de catástrofes, sin diferenciar los aportes y avances del gobierno, y señalando solamente sus errores y magnificados. Es preocupante para la vigencia democrática del país.
Con el tema Papel Prensa, empresa monopólica, se hace necesario investigar el accionar de la dictadura militar y a quienes han favorecido. La familia Graiver fue sometida a secuestros, torturas, cárcel y muerte, y le fueron apropiados sus bienes. El gobierno argentino ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades. Maniobras similares a Papel Prensa, utilizó la dictadura militar para apropiarse de las empresas y recursos de los hermanos Iaccarino, víctimas de la violencia y la impunidad de esos años.
Al mismo tiempo, el gobierno, y lo he señalado en reiteradas oportunidades, no sabe y no quiere dialogar; es un gobierno de confrontación y agudización de los conflictos, se mueve con mucha soberbia y poco sentido político para resolver los problemas del país, a eso se suma las políticas provinciales de los señores feudales, que hacen lo que quieren y no lo que deben, y están llevando a las provincias a su desintegración, social, cultural, política y económica. Una cosa es el federalismo que comparte la integración y un proyecto de país y otra el feudalismo que lleva la desintegración nacional.
La política neoliberal que impulsa el gobierno no se ha modificado desde el menemismo que tanto daño hizo al país. Por el contrario se ha profundizado porque una cosa son los discursos progresistas y otra la realidad. El problema político y económico del gobierno y la Sociedad Rural Argentina, no son muy diferentes, simplemente la disputa está en quien se queda con la parte mayor de la torta. Basta tener presente que el gobierno no hace nada para frenar los daños ambientales y los agro-tóxicos, ni la explotación de la megaminería con su desastres y daños para la salud de las poblaciones y sus economías regionales y familiares.
Por otra parte debemos tener presente que el gobierno, en sus contradicciones, ha avanzado en diversos campos sociales. Sería importante para el país que las fuerzas progresistas, opositoras al gobierno presenten alternativas al modelo imperante, en lugar de desgañitarse con críticas que no van a ningún lado.
Los desafíos son enormes y se necesita reprensar el país, generar un nuevo contrato social que permita avanzar en la construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos en su integridad.
La libertad de prensa permitirá mayor conciencia crítica y el fortalecimiento de valores éticos, sociales, culturales y políticos. Superará la contaminación informativa y así poder repensar el país que queremos.
(*) Premio Nobel de la Paz - 1980
Fecha de Publicación: 1º de septiembre del 2010
Adolfo Pérez Esquivel*
Fuente: ALAI AMLATINA
La vida de los pueblos está sometida a los impactos ambientales, a la contaminación auditiva y visual de la palabra y las ideas, es imponer el monocultivo de las mentes. Los avances tecnológicos se utilizan muchas veces, para el control de los medios de comunicación y así condicionar y manipular a los pueblos. Ningún medio informativo es aséptico, pero deben basarse en la ética y valores al servicio de los pueblos y no servirse de los mismos.
Una de las grandes conquistas de las luchas sociales fue la libertad de prensa, el derecho de informar y ser informado, pero los grandes monopolios económicos, ideológicos y políticos que controlan los medios de información han matado la libertad de prensa y quieren confundirla y reducirla a la libertad de empresa y no son sinónimos.
La contaminación de la palabra y la propaganda mediática han llegado a tal extremo que no permite ver con claridad donde está la veracidad informativa. La ética y búsqueda de la verdad están ausentes y prevalece la distorsión de la realidad. La CNN es el ejemplo de esa contaminación que sufren los pueblos. Su accionar en Irak es y fue para justificar la guerra, y difundir que ese país poseía armas de destrucción masiva. Algo semejante están armando actualmente contra Irán y otros países; y por otra parte ocultan las masacres y asesinatos de niños y población en Irak y Afganistán, donde los que dicen defender la “democracia”, se dedican al saqueo del patrimonio del pueblo iraquí, e implantan centros de torturas llevando a esa región destrucción y muerte. Se los acusa de “terrorismo islámico”, cuando los verdaderos terroristas son los torturadores y asesinos que invadieron esos países, violando los derechos humanos y derechos de los pueblos y todas las convenciones internacionales.
Los grandes monopolios informativos de Europa, EEUU y América Latina están en una fuerte campaña internacional para atacar y desprestigiar a gobiernos como el de Hugo Chávez, en Venezuela, acusándolo de tirano y de todos los males; ignorando en sus olvidos intencionados, que Chávez es de los pocos presidentes que se presenta a elecciones y el pueblo lo re-elige, por sus políticas sociales y trabajo en bien de los sectores más postergados.
Otro blanco mediático de esa campaña de desprestigio es el presidente Evo Morales, de Bolivia, quien debe soportar la campaña y acción de los medios concentrados de comunicación, contra un gobierno que ha buscado la integración y vida de los pueblos en un país pluricultural y nacional y ha tocado a los intereses económicos y políticos que siempre dominaron en Bolivia.
Las campañas mediáticas de los grandes monopolios informativos están dirigidas a la contaminación mental que debilite a los gobiernos progresistas. A través del tiempo vemos que lo mismo ocurre con Fidel Castro y el gobierno cubano; 50 años de resistencia y asombro en el mundo sobre los avances y capacidad de su pueblo, sus programas de salud, educación y lucha contra el analfabetismo y la pobreza.
Lo evidente es que Cuba es un pueblo solidario con otros pueblos más necesitados y los hechos hablan por si mismos. Desde hace mucho tiempo, antes del terremoto que asoló a Haití, Cuba envió médicos, educadores, técnicos para apoyar y trabajar solidariamente junto al pueblo haitiano, víctima de la pobreza, marginalidad, violencia social y estructural y de los desastres naturales.
Estados Unidos, como respuesta a las necesidades del pueblo haitiano, envió 20 mil soldados para controlar y someter al pueblo. Pero de esto no se habla, la intencionalidad de las campañas periodísticas es estar al servicio de los intereses económicos y políticos de los poderosos para someter a los pueblos.
Muchas acciones solidarias y hechos positivos son ocultados por los medios informativos. La presidenta Cristina Fernández Kirchner en su viaje a Europa, señaló, la crisis vivida por esos países y sugirió no aceptar la receta del FMI y del BM, advirtiéndoles las graves consecuencias sobre la vida del pueblo argentino y la crisis financiera.
La soberbia de los grandes medios de comunicación europeos se refirieron en forma despectiva y hablan de “esa señora que nos quiere enseñar que debemos hacer”. Sería bueno y saludable que presten atención a los consejos de la presidenta quien solidariamente les ha tendido la mano.
He hecho público y sostengo que la Ley de Medios Audiovisuales sancionada por el Parlamento es necesaria, ya que permite romper el control de los monopolios informativos y generar el pluralismo periodístico, y recuperar la libertad de prensa. La reacción de las corporaciones, como el Grupo Clarín, han desatado una campaña virulenta contra el gobierno acompañada por la voracidad de una oposición sin ideas, que busca únicamente golpear al gobierno y que tienen todos los medios a su disposición, como la pitonisa que anuncia toda clase de catástrofes, sin diferenciar los aportes y avances del gobierno, y señalando solamente sus errores y magnificados. Es preocupante para la vigencia democrática del país.
Con el tema Papel Prensa, empresa monopólica, se hace necesario investigar el accionar de la dictadura militar y a quienes han favorecido. La familia Graiver fue sometida a secuestros, torturas, cárcel y muerte, y le fueron apropiados sus bienes. El gobierno argentino ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades. Maniobras similares a Papel Prensa, utilizó la dictadura militar para apropiarse de las empresas y recursos de los hermanos Iaccarino, víctimas de la violencia y la impunidad de esos años.
Al mismo tiempo, el gobierno, y lo he señalado en reiteradas oportunidades, no sabe y no quiere dialogar; es un gobierno de confrontación y agudización de los conflictos, se mueve con mucha soberbia y poco sentido político para resolver los problemas del país, a eso se suma las políticas provinciales de los señores feudales, que hacen lo que quieren y no lo que deben, y están llevando a las provincias a su desintegración, social, cultural, política y económica. Una cosa es el federalismo que comparte la integración y un proyecto de país y otra el feudalismo que lleva la desintegración nacional.
La política neoliberal que impulsa el gobierno no se ha modificado desde el menemismo que tanto daño hizo al país. Por el contrario se ha profundizado porque una cosa son los discursos progresistas y otra la realidad. El problema político y económico del gobierno y la Sociedad Rural Argentina, no son muy diferentes, simplemente la disputa está en quien se queda con la parte mayor de la torta. Basta tener presente que el gobierno no hace nada para frenar los daños ambientales y los agro-tóxicos, ni la explotación de la megaminería con su desastres y daños para la salud de las poblaciones y sus economías regionales y familiares.
Por otra parte debemos tener presente que el gobierno, en sus contradicciones, ha avanzado en diversos campos sociales. Sería importante para el país que las fuerzas progresistas, opositoras al gobierno presenten alternativas al modelo imperante, en lugar de desgañitarse con críticas que no van a ningún lado.
Los desafíos son enormes y se necesita reprensar el país, generar un nuevo contrato social que permita avanzar en la construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos en su integridad.
La libertad de prensa permitirá mayor conciencia crítica y el fortalecimiento de valores éticos, sociales, culturales y políticos. Superará la contaminación informativa y así poder repensar el país que queremos.
(*) Premio Nobel de la Paz - 1980
Fecha de Publicación: 1º de septiembre del 2010
sábado, 28 de agosto de 2010
aviso importante
Por motivo de força maior este blog está suspenso temporariamente e retornará oportunamente.
Mário Augusto Jakobskind
Mário Augusto Jakobskind
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
(Israel - Política) - Comissão criada para investigart não investiga
Comissão Turkel, em Israel destinada a averiguar os fatos sobre os eventos da Flotilha da Paz é considerada uma farsa
Uri Avnery
Fonte: Gush Shalom [Bloco da Paz], Israel
Traduzido pelo Coletivo de tradutores Vila Vudu
Se Deus assim o desejar, vassoura vira espingarda – foi o que escrevi logo depois de constituída a Comissão Turkel[1][1]. Citava um dito popular judeu, na esperança de que, contra todas as possibilidades, alguma coisa resultasse do trabalho daquela comissão.
A verdade é que a Comissão Turkel foi concebida em pecado. Nenhum dos indicados para constituí-la tinha qualquer interesse em descobrir coisa alguma. O seu único interesse era impedir que se instalasse uma comissão internacional de inquérito ou uma Comissão de Inquérito Oficial do Estado de Israel, para investigar o ataque à Flotilha da Paz e o bloqueio de Gaza. Os "termos de referência" foram impostos à Comissão e são extremamente estreitos. Na versão inicial, a Comissão tinha poderes para convidar, mas não tinha poderes para exigir que as testemunhas convidadas se apresentassem.
Em resumo: uma comissão de investigação constituída para não investigar, vassoura feita para não varrer.
Mas sempre esperei que os membros da comissão não aceitassem tão facilmente dançar pela música do governo Netanyahu. Ainda é cedo para saber, mas parece que a Comissão não rebentará as cadeias que a prendem.
Essa semana, depois dos depoimentos das três testemunhas principais – Binyamin Netanyahu, Ehud Barak e Gabi Ashkenazi – pode-se tirar uma primeira conclusão: a comissão não se deixou limitar pelos termos de referência que lhe foram impostos. Os termos de referência foram ignorados. A comissão praticamente não fez qualquer ligação entre os fatos que lhe cabe investigar e a legislação internacional. Quanto ao resto, houve de tudo.
Não foi difícil, porque as três testemunhas encarregaram-se de ignorar completamente os termos de referência que elas mesmas inventaram. Os três se dedicaram empenhadamente, apenas, a demonstrar que cada um sempre agiu mais acertada e sabiamente que os outros. E, assim, rapidamente, todos esqueceram o objeto real que a Comissão deveria investigar.
Um fato, pelo menos, ficou firmemente estabelecido: a comissão não precisará, nunca mais, limitar-se aos termos de referência. (É possível que os termos de referência voltem a ser lembrados no final, no momento de a Comissão redigir as conclusões.)
Interessante também observar como as três testemunhas ouvidas pela Comissão Turkel foram recebidas pela mídia: praticamente toda a imprensa israelense criticou Binyamin Netanyahu e Ehud Barak, tanto quanto glorificou Gabi Ashkenazi.
Netanyahu foi leviano e superficial até a frivolidade. Atribuiu toda a responsabilidade a Barak e não disse coisa com coisa, sequer sobre os fatos conhecidos. Afinal, estava no exterior naquele momento, e o que vocês queriam que ele soubesse? Barak fez tudo absolutamente sozinho e segundo sua pessoal avaliação de momento.
Depois de ferozmente atacado pelos jornais e televisões, Netanyahu convocou rapidamente uma conferência de imprensa e anunciou, grandiloquente, que, sim, assumia, sozinho, toda a responsabilidade por todos os acontecimentos. Barak nada fez. Ele próprio, Netanyahu, não Barak, fez tudo sozinho.
Barak foi mais esperto. Falou infindavelmente, afogou a comissão num dilúvio de detalhes e, sim, sim, assumiu plenamente toda a responsabilidade. No parágrafo final concluiu que não, não, nada teve a ver com os acontecimentos daquela noite e chutou toda a responsabilidade para os militares. O governo, disse ele, decidiu sobre a missão. Mas os militares executaram a missão. Os responsáveis pelo que possa ter saído errado, pois, são os militares. Também foi duramente criticado pelos jornais e televisões.
Gabi Azkhenazi, chefe do comando do Estado-Maior do exército apontou erros na execução da operação, todos cometidos pelos soldados mais rasos da Marinha e dos serviços de inteligência. Ao final, impressionantemente magnânimo, também assumiu a responsabilidade pelos erros dos soldados e marinheiros e espiões dos escalões mais rasos e, sim, se declarou responsável por tudo. Também fez tudo sozinho.
O depoimento de Azkhenazi foi uma obra prima. Surpreendentemente, se mostrou muito mais astuto que os dois experientes políticos. Enquanto os dois exibiram-se como enguias ensaboadas, ocupados, cada um, só com defender a própria pele, Azkhenazi fez-se de urso simpático, simples, honesto, sem sofisticações, um velho soldado, pleno de integridade, que sempre diz a verdade porque não sabe mentir.
Ashkenazi é muito mais matreiro do que parece. Sim, o depoimento foi cuidadosamente ensaiado com seus assessores e conselheiros, mas chefe matreiro sabe selecionar assessores e conselheiros matreiros.
Outra vez se comprovou que, em Israel, a imprensa e, de fato, todo o Estado, são controlados pelo Exército. Frases recebidas com risadas e desconfiança, quando ditas por Netanyahu e Barak, mereceram a mais reverente atenção, quando ditas pelo comandante do Exército. Um coro de admiradores elogiou Ashkenazi nas redes de televisão, pelo rádio e nos jornais. Que homem íntegro! Que perfeito soldado! Que comandante responsável e de alto nível! Se havia alguma diferença entre os porta-vozes do Exército, uniformizados, e os jornalistas militares, à paisana, ninguém viu.
A imagem geral que emergiu dos três principais depoimentos é bem clara: não houve qualquer preparação séria para enfrentar o 'evento' da Flotilha da Paz, por mais que todos soubessem com antecedência de meses que algum plano havia. Tudo foi improvisado, como obra de amadores, na famosa tradição da improvisação em Israel: "confie em mim" e "tudo há de dar certo".
Houve eventos anteriores em que navios de ajuda humanitária só transportavam pacifistas não-violentos. Então, todos deram por resolvido que aconteceria o mesmo com o Mavi Marmara. Ninguém deu atenção aos ativistas turcos, imbuídos de outro tipo de ideologia. Mas, afinal, quem se interessa pelo que turcos pensem?! O glorioso Mossad sequer se deu o trabalho de plantar um espião entre as centenas de pacifistas a bordo do navio.
A operação foi planejada sem qualquer atenção, sem inteligência, sem análise de alternativas, sem avaliar a possibilidade de cenários potencialmente perigosos. Fato é que ninguém precisa ser profeta, para saber que ativistas turcos, cheios de fervor religioso, poderiam estar também a bordo – e a bordo de um navio turco! –, e poderiam irritar-se muitíssimo ao ver um barco (turco e carregado de pacifistas e material de ajuda humanitária para Gaza) ser abordado em águas internacionais por soldados israelenses. Que surpresa!
Conclusão? O comandante do Exército concluiu sem hesitar: da próxima vez, o Exército usará atiradores para "conter" quem esteja no convés (ou "os atacantes", na linguagem dos comentaristas militares) e dar cobertura aos soldados que descem dos helicópteros.
Dado que Netanyahu e Barak empurraram toda a responsabilidade para os militares, e Ashkenazi reconheceu os erros de planejamento e execução, resta uma questão de ordem prática: como a Comissão Turkel conseguirá investigar alguma coisa, se a Comissão não tem poderes para convocar o pessoal militar?
Para contornar o problema, o comandante do Exército jogou dois ossos para a Comissão roer: o Advogado Geral do Exército e Giora Eyland poderão falar à Comissão. (Eyland é o general aposentado que dirigiu o inquérito interno do Exército.) Mas nem de longe é suficiente. Para cumprir sua tarefa, a Comissão teria de ouvir também o Comandante da Marinha e seus subordinados diretos. Em resposta à consulta do Bloco da Paz, a Suprema Corte já deixou caminho aberto nessa direção: se a Comissão Turkel exigir esses depoimentos, a Suprema Corte determinará que a Marinha atenda à exigência.
Nenhum dos três que já depuseram sequer se aproximou da questão principal: a própria existência do bloqueio contra Gaza.
Na fatídica reunião do "Septeto" (os principais ministros), ficou bem claro que todos crêem que o bloqueio é necessário, assim como é necessário impedir, pela força, sendo o caso, todas as tentativas de rompê-lo.
Os aspectos legais do caso talvez provoquem muita discussão. Pelo que sei, a legislação internacional não é muito explícita, nem no que tenha a ver com impor bloqueios nem no que tenha a ver com modalidades de bloqueios. A lei não está posta de forma consistente. Há espaço para várias interpretações. Não haverá, portanto resposta única, acordada e clara.
Seja como for, a questão não é legal, mas moral e política: qual o objetivo de Israel ao impor o bloqueio a Gaza?
Até agora, todas as testemunhas ouvidas repetiram o mesmo argumento ensaiado: Israel está em guerra contra a Faixa de Gaza (tenha a Faixa o estatuto legal que tiver, e mesmo que não seja Estado reconhecido), o bloqueio é necessário, para impedir a importação de material bélico. Portanto, o bloqueio seria legal e moral.
Mentiras e mais mentiras.
É 'muito simples controlar o movimento de cargas transportadas por mar. O que se faz nesses casos é deter o barco, inspecionar a carga, confiscar o material transportado que não esteja regular e liberar o barco para que prossiga viagem. Em todos os casos, a carga pode ser inspecionada no porto de partida.
Nada disso foi feito, no caso da Flotilha da Paz, porque toda essa conversa sobre material bélico não passa de pretexto. Israel impôs o bloqueio de Gaza pelo motivo exatamente oposto: para evitar que cheguem materiais não-bélicos, os mesmos materiais que também não chegam a Gaza pelos postos de passagem em terra: vários tipos de alimentos e remédios, matéria prima para a indústria da Faixa de Gaza, materiais de construção, peças de reposição para máquinas e carros e vários outros itens, de cadernos escolares a equipamento de purificação de água.
O pouco que torna a vida ainda possível chega à Faixa pelos túneis, com preços estratosféricos, muito acima da capacidade de compra da maioria dos habitantes.
Desde o início, o objetivo do bloqueio foi tornar impossível a vida normal na Faixa de Gaza, para levar a população ao desespero e induzi-la a levantar-se e derrubar o governo do Hamás. Esse objetivo sempre foi evidentemente apoiado pelo governo dos EUA e seus Estados-satélites no mundo árabe e talvez também, como muitos crêem, pela Autoridade Palestina em Ramallah.
Netanyahu disse, em seu depoimento, que "não há crise humanitária na Faixa de Gaza". Tudo depende de como se interpretem as palavras.
É verdade, não há gente morrendo de fome e doenças pelas ruas. Não é o gueto de Varsóvia. Mas a subnutrição cresce entre as crianças, há pobreza e miséria. O bloqueio gerou desemprego em alta escala, porque praticamente toda a produção agrícola e industrial está paralisada. Não há importação de matérias primas, nenhuma exportação de qualquer tipo, falta combustível. Os produtos de Gaza não conseguem chegar à Cisjordânia, a Israel ou à Europa, como antes. Tudo isso é verdade ainda hoje, apesar de a Flotilha da Paz ter sido parcialmente bem sucedida, porque obrigou Israel a permitir a entrada de vários itens que, antes, estavam bloqueados.
O fechamento do porto de Gaza também contribui para aumentar a crise humanitária. Há dezessete anos, Shimon Peres escreveu: “O porto de Gaza tem grande potencial de crescimento. Os produtos e cargas que partirão daqui a caminho de importadores israelenses, palestinos, jordanianos, sauditas e até iraquianos serão demonstração da revolução econômica que beneficiará toda a região.” Talvez fosse o caso de convocar Shimon Peres para depor à Comissão Turkel.
A palavra chave dos depoimentos foi "responsabilidade". Todos os ouvidos pela Comissão primeiro assumiram a "responsabilidade" e em seguida passaram-na adiante, como jogador de futebol americano que recebe a bola e imediatamente a joga para o mais longe que possa.
O que significa responsabilidade? Noutros tempos, quando um líder japonês assumia a responsabilidade por grandes fracassos, metia a espada na própria barriga; "harakiri" significa exatamente "cortar a barriga". Essas práticas bárbaras não existem no ocidente. Mas, pelo menos no Japão, e ainda em vários países ocidentais, líder responsável por grandes fracassos sempre pode renunciar.
Em Israel, não. Não, pelo menos, nos tempos que correm. Na Israel de Netanyahu, quem anuncia que "assume a responsabilidade" passa a merecer reverência. Que coragem! Quanta nobreza! "Ele assumiu a responsabilidade!" E fica tudo por isso mesmo.
Nota de Tradução
[1] A Comissão Turkel é a comissão formada para investigar o ataque israelense à Flotilha da Paz e o bloqueio de Gaza. Leva o nome do juiz aposentado da Suprema Corte encarregado de presidi-la, Jacob Turkel. A investigação deve ser acompanhada por dois observadores internacionais: o ex-primeiro ministro da Irlanda do Norte William Trimble e pelo ex-juiz militar Ken Watkin. Foi instalada dia 17/6/2010 (mais em: Turkel Commitee).
O artigo original, em inglês, pode ser lido em: Harakiri?
http://redecastorphoto.blogspot.com/2010/08/harakiri.html
Data de Publicção: 14/08/2010
Uri Avnery
Fonte: Gush Shalom [Bloco da Paz], Israel
Traduzido pelo Coletivo de tradutores Vila Vudu
Se Deus assim o desejar, vassoura vira espingarda – foi o que escrevi logo depois de constituída a Comissão Turkel[1][1]. Citava um dito popular judeu, na esperança de que, contra todas as possibilidades, alguma coisa resultasse do trabalho daquela comissão.
A verdade é que a Comissão Turkel foi concebida em pecado. Nenhum dos indicados para constituí-la tinha qualquer interesse em descobrir coisa alguma. O seu único interesse era impedir que se instalasse uma comissão internacional de inquérito ou uma Comissão de Inquérito Oficial do Estado de Israel, para investigar o ataque à Flotilha da Paz e o bloqueio de Gaza. Os "termos de referência" foram impostos à Comissão e são extremamente estreitos. Na versão inicial, a Comissão tinha poderes para convidar, mas não tinha poderes para exigir que as testemunhas convidadas se apresentassem.
Em resumo: uma comissão de investigação constituída para não investigar, vassoura feita para não varrer.
Mas sempre esperei que os membros da comissão não aceitassem tão facilmente dançar pela música do governo Netanyahu. Ainda é cedo para saber, mas parece que a Comissão não rebentará as cadeias que a prendem.
Essa semana, depois dos depoimentos das três testemunhas principais – Binyamin Netanyahu, Ehud Barak e Gabi Ashkenazi – pode-se tirar uma primeira conclusão: a comissão não se deixou limitar pelos termos de referência que lhe foram impostos. Os termos de referência foram ignorados. A comissão praticamente não fez qualquer ligação entre os fatos que lhe cabe investigar e a legislação internacional. Quanto ao resto, houve de tudo.
Não foi difícil, porque as três testemunhas encarregaram-se de ignorar completamente os termos de referência que elas mesmas inventaram. Os três se dedicaram empenhadamente, apenas, a demonstrar que cada um sempre agiu mais acertada e sabiamente que os outros. E, assim, rapidamente, todos esqueceram o objeto real que a Comissão deveria investigar.
Um fato, pelo menos, ficou firmemente estabelecido: a comissão não precisará, nunca mais, limitar-se aos termos de referência. (É possível que os termos de referência voltem a ser lembrados no final, no momento de a Comissão redigir as conclusões.)
Interessante também observar como as três testemunhas ouvidas pela Comissão Turkel foram recebidas pela mídia: praticamente toda a imprensa israelense criticou Binyamin Netanyahu e Ehud Barak, tanto quanto glorificou Gabi Ashkenazi.
Netanyahu foi leviano e superficial até a frivolidade. Atribuiu toda a responsabilidade a Barak e não disse coisa com coisa, sequer sobre os fatos conhecidos. Afinal, estava no exterior naquele momento, e o que vocês queriam que ele soubesse? Barak fez tudo absolutamente sozinho e segundo sua pessoal avaliação de momento.
Depois de ferozmente atacado pelos jornais e televisões, Netanyahu convocou rapidamente uma conferência de imprensa e anunciou, grandiloquente, que, sim, assumia, sozinho, toda a responsabilidade por todos os acontecimentos. Barak nada fez. Ele próprio, Netanyahu, não Barak, fez tudo sozinho.
Barak foi mais esperto. Falou infindavelmente, afogou a comissão num dilúvio de detalhes e, sim, sim, assumiu plenamente toda a responsabilidade. No parágrafo final concluiu que não, não, nada teve a ver com os acontecimentos daquela noite e chutou toda a responsabilidade para os militares. O governo, disse ele, decidiu sobre a missão. Mas os militares executaram a missão. Os responsáveis pelo que possa ter saído errado, pois, são os militares. Também foi duramente criticado pelos jornais e televisões.
Gabi Azkhenazi, chefe do comando do Estado-Maior do exército apontou erros na execução da operação, todos cometidos pelos soldados mais rasos da Marinha e dos serviços de inteligência. Ao final, impressionantemente magnânimo, também assumiu a responsabilidade pelos erros dos soldados e marinheiros e espiões dos escalões mais rasos e, sim, se declarou responsável por tudo. Também fez tudo sozinho.
O depoimento de Azkhenazi foi uma obra prima. Surpreendentemente, se mostrou muito mais astuto que os dois experientes políticos. Enquanto os dois exibiram-se como enguias ensaboadas, ocupados, cada um, só com defender a própria pele, Azkhenazi fez-se de urso simpático, simples, honesto, sem sofisticações, um velho soldado, pleno de integridade, que sempre diz a verdade porque não sabe mentir.
Ashkenazi é muito mais matreiro do que parece. Sim, o depoimento foi cuidadosamente ensaiado com seus assessores e conselheiros, mas chefe matreiro sabe selecionar assessores e conselheiros matreiros.
Outra vez se comprovou que, em Israel, a imprensa e, de fato, todo o Estado, são controlados pelo Exército. Frases recebidas com risadas e desconfiança, quando ditas por Netanyahu e Barak, mereceram a mais reverente atenção, quando ditas pelo comandante do Exército. Um coro de admiradores elogiou Ashkenazi nas redes de televisão, pelo rádio e nos jornais. Que homem íntegro! Que perfeito soldado! Que comandante responsável e de alto nível! Se havia alguma diferença entre os porta-vozes do Exército, uniformizados, e os jornalistas militares, à paisana, ninguém viu.
A imagem geral que emergiu dos três principais depoimentos é bem clara: não houve qualquer preparação séria para enfrentar o 'evento' da Flotilha da Paz, por mais que todos soubessem com antecedência de meses que algum plano havia. Tudo foi improvisado, como obra de amadores, na famosa tradição da improvisação em Israel: "confie em mim" e "tudo há de dar certo".
Houve eventos anteriores em que navios de ajuda humanitária só transportavam pacifistas não-violentos. Então, todos deram por resolvido que aconteceria o mesmo com o Mavi Marmara. Ninguém deu atenção aos ativistas turcos, imbuídos de outro tipo de ideologia. Mas, afinal, quem se interessa pelo que turcos pensem?! O glorioso Mossad sequer se deu o trabalho de plantar um espião entre as centenas de pacifistas a bordo do navio.
A operação foi planejada sem qualquer atenção, sem inteligência, sem análise de alternativas, sem avaliar a possibilidade de cenários potencialmente perigosos. Fato é que ninguém precisa ser profeta, para saber que ativistas turcos, cheios de fervor religioso, poderiam estar também a bordo – e a bordo de um navio turco! –, e poderiam irritar-se muitíssimo ao ver um barco (turco e carregado de pacifistas e material de ajuda humanitária para Gaza) ser abordado em águas internacionais por soldados israelenses. Que surpresa!
Conclusão? O comandante do Exército concluiu sem hesitar: da próxima vez, o Exército usará atiradores para "conter" quem esteja no convés (ou "os atacantes", na linguagem dos comentaristas militares) e dar cobertura aos soldados que descem dos helicópteros.
Dado que Netanyahu e Barak empurraram toda a responsabilidade para os militares, e Ashkenazi reconheceu os erros de planejamento e execução, resta uma questão de ordem prática: como a Comissão Turkel conseguirá investigar alguma coisa, se a Comissão não tem poderes para convocar o pessoal militar?
Para contornar o problema, o comandante do Exército jogou dois ossos para a Comissão roer: o Advogado Geral do Exército e Giora Eyland poderão falar à Comissão. (Eyland é o general aposentado que dirigiu o inquérito interno do Exército.) Mas nem de longe é suficiente. Para cumprir sua tarefa, a Comissão teria de ouvir também o Comandante da Marinha e seus subordinados diretos. Em resposta à consulta do Bloco da Paz, a Suprema Corte já deixou caminho aberto nessa direção: se a Comissão Turkel exigir esses depoimentos, a Suprema Corte determinará que a Marinha atenda à exigência.
Nenhum dos três que já depuseram sequer se aproximou da questão principal: a própria existência do bloqueio contra Gaza.
Na fatídica reunião do "Septeto" (os principais ministros), ficou bem claro que todos crêem que o bloqueio é necessário, assim como é necessário impedir, pela força, sendo o caso, todas as tentativas de rompê-lo.
Os aspectos legais do caso talvez provoquem muita discussão. Pelo que sei, a legislação internacional não é muito explícita, nem no que tenha a ver com impor bloqueios nem no que tenha a ver com modalidades de bloqueios. A lei não está posta de forma consistente. Há espaço para várias interpretações. Não haverá, portanto resposta única, acordada e clara.
Seja como for, a questão não é legal, mas moral e política: qual o objetivo de Israel ao impor o bloqueio a Gaza?
Até agora, todas as testemunhas ouvidas repetiram o mesmo argumento ensaiado: Israel está em guerra contra a Faixa de Gaza (tenha a Faixa o estatuto legal que tiver, e mesmo que não seja Estado reconhecido), o bloqueio é necessário, para impedir a importação de material bélico. Portanto, o bloqueio seria legal e moral.
Mentiras e mais mentiras.
É 'muito simples controlar o movimento de cargas transportadas por mar. O que se faz nesses casos é deter o barco, inspecionar a carga, confiscar o material transportado que não esteja regular e liberar o barco para que prossiga viagem. Em todos os casos, a carga pode ser inspecionada no porto de partida.
Nada disso foi feito, no caso da Flotilha da Paz, porque toda essa conversa sobre material bélico não passa de pretexto. Israel impôs o bloqueio de Gaza pelo motivo exatamente oposto: para evitar que cheguem materiais não-bélicos, os mesmos materiais que também não chegam a Gaza pelos postos de passagem em terra: vários tipos de alimentos e remédios, matéria prima para a indústria da Faixa de Gaza, materiais de construção, peças de reposição para máquinas e carros e vários outros itens, de cadernos escolares a equipamento de purificação de água.
O pouco que torna a vida ainda possível chega à Faixa pelos túneis, com preços estratosféricos, muito acima da capacidade de compra da maioria dos habitantes.
Desde o início, o objetivo do bloqueio foi tornar impossível a vida normal na Faixa de Gaza, para levar a população ao desespero e induzi-la a levantar-se e derrubar o governo do Hamás. Esse objetivo sempre foi evidentemente apoiado pelo governo dos EUA e seus Estados-satélites no mundo árabe e talvez também, como muitos crêem, pela Autoridade Palestina em Ramallah.
Netanyahu disse, em seu depoimento, que "não há crise humanitária na Faixa de Gaza". Tudo depende de como se interpretem as palavras.
É verdade, não há gente morrendo de fome e doenças pelas ruas. Não é o gueto de Varsóvia. Mas a subnutrição cresce entre as crianças, há pobreza e miséria. O bloqueio gerou desemprego em alta escala, porque praticamente toda a produção agrícola e industrial está paralisada. Não há importação de matérias primas, nenhuma exportação de qualquer tipo, falta combustível. Os produtos de Gaza não conseguem chegar à Cisjordânia, a Israel ou à Europa, como antes. Tudo isso é verdade ainda hoje, apesar de a Flotilha da Paz ter sido parcialmente bem sucedida, porque obrigou Israel a permitir a entrada de vários itens que, antes, estavam bloqueados.
O fechamento do porto de Gaza também contribui para aumentar a crise humanitária. Há dezessete anos, Shimon Peres escreveu: “O porto de Gaza tem grande potencial de crescimento. Os produtos e cargas que partirão daqui a caminho de importadores israelenses, palestinos, jordanianos, sauditas e até iraquianos serão demonstração da revolução econômica que beneficiará toda a região.” Talvez fosse o caso de convocar Shimon Peres para depor à Comissão Turkel.
A palavra chave dos depoimentos foi "responsabilidade". Todos os ouvidos pela Comissão primeiro assumiram a "responsabilidade" e em seguida passaram-na adiante, como jogador de futebol americano que recebe a bola e imediatamente a joga para o mais longe que possa.
O que significa responsabilidade? Noutros tempos, quando um líder japonês assumia a responsabilidade por grandes fracassos, metia a espada na própria barriga; "harakiri" significa exatamente "cortar a barriga". Essas práticas bárbaras não existem no ocidente. Mas, pelo menos no Japão, e ainda em vários países ocidentais, líder responsável por grandes fracassos sempre pode renunciar.
Em Israel, não. Não, pelo menos, nos tempos que correm. Na Israel de Netanyahu, quem anuncia que "assume a responsabilidade" passa a merecer reverência. Que coragem! Quanta nobreza! "Ele assumiu a responsabilidade!" E fica tudo por isso mesmo.
Nota de Tradução
[1] A Comissão Turkel é a comissão formada para investigar o ataque israelense à Flotilha da Paz e o bloqueio de Gaza. Leva o nome do juiz aposentado da Suprema Corte encarregado de presidi-la, Jacob Turkel. A investigação deve ser acompanhada por dois observadores internacionais: o ex-primeiro ministro da Irlanda do Norte William Trimble e pelo ex-juiz militar Ken Watkin. Foi instalada dia 17/6/2010 (mais em: Turkel Commitee).
O artigo original, em inglês, pode ser lido em: Harakiri?
http://redecastorphoto.blogspot.com/2010/08/harakiri.html
Data de Publicção: 14/08/2010
domingo, 15 de agosto de 2010
(Chile - Derechos Humanos) - Juristas americanos condenan propuesta de indulto que defende la Iglesia chilena a torturadores de la ditadura
Los que alientan la impunidad, van a ser tan responsables como los que apretaron el gatillo en en marco de la Operación Condor, pacto criminal en la region
El Defensor de los Derechos Humanos de Paraguay, Dr. Martin Almnada en el marco del IV FORO SOCIAL AMERICAS (11/15.08.2010) se `pronuncio a favor de la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, presidida por la Dra .Graciela Alvarez, a propósito de la reciente propuesta de la iglesia Católica que plantea un indulto Bicentenario en el que se incorporarían los condenados por crímenes contra la humanidad. Manifiestan oposición a cualquier indulto, general o particular a quienes han cometido delitos de lesa humanidad,.
Se destaca que la sociedad chilena ha logrado un avance sustantivo en las últimas décadas en relación a los derechos humanos, en que un hito fundamental es el logro de condenas en algunos casos de violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura por agentes del Estado. Este proceso llevado a cabo por los tribunales de justicia, aunque ha condenado con penas mínimas y a muy pocos de los involucrados en las violaciones a los derechos humanos en dicho periodo, ha sentado precedentes de seguridad jurídica en la materia, que permiten avanzar en torno a un camino de paz en nuestro país, donde se pueda respetar la dignidad humana sobre un verdadero “nunca más”.
Hoy se abre la posibilidad de un indulto particular; esto es caso a caso, ya que el Presidente de la República de Chile señaló que no habría indulto general. Esta posibilidad implica un retroceso en materia de Derechos Humano y una ruptura de la posibilidad de desarrollo democrático respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos.
Las razones más relevantes para estar alerta y oponerse a cualquiera de estos posibles indultos son :
1.- Delitos inamnistiables:
La naturaleza jurídica de estos crímenes, (en contra de la humanidad) hace que estos tengan una categoría distinta de los delitos comunes, que no pueden ser homologados con estos. Estamos ante delitos contra la humanidad, los que en el derecho internacional y desde el Tribunal de Nuremberg se han considerado imprescriptibles e inamnistiables.
Estos delitos constituyen también un incumplimiento de las oblaciones y principios establecidos en el Tratado de Roma que Chile ratificó y esta obligado a cumplir.
Por ello cualquier indulto es contrario al derecho internacional y susceptible de ser invalidado por este.
2.- Falta de interés “oficial” para encontrar la verdad. .Las armas fueron compradas con el pago de nuestros impuestos.
Todos los asesinos, torturadores y violadores condenados en los procesos derivados de la represión política sufrida entre 1973 y 1990, que hoy pudieran ser indultados fueron condenados tardíamente. Recién después del año 2000, sin aportar antecedentes a la verdad respecto de los crímenes cometidos y ocultando dicha verdad. Ninguno de los condenados por estos delitos ha pedido perdón a los familiares de aquellos a quienes asesinó, desapareció, violó o torturó, ni ha pedido perón a la sociedad, ni ha buscado formas de reparar su acción.
Si los criminales se ufanan de su acción criminal, no reconocen los delitos cometidos, que los tribunales han establecidos como ciertos aportando una verdad procesal, legal, que ha significado una forma de verdad para los familiares y la sociedad chilena, tras un largo y tortuoso proceso. Nuestra sociedad queda secuestrada permanentemente al poder de las armas que la sociedad (nosotros) les hemos entregado con nuestro pago de IMPUESTO para que nos protejan.
3.- Existen sentencias que graduaron de las penas.
Las sentencias condenatorias de los delincuentes condenados por delitos contra la humanidad han considerado ya las posibilidades de rebaja de las penas y han sido las mínimas posibles dentro del marco jurídico aplicado. También estas penas han considerado la forma de la participación de cada uno de los condenados en la comisión de los delitos, condenando solo a quienes han tenido grados de participación y decisión irrefutables. No estamos ante condenas de quienes tuvieron que obedecer órdenes sino de quienes daban las órdenes. El cumplimiento del principio de una pena adecuada y efectiva es hoy un imperativo del derecho internacional que no puede obviar la gravedad del delito ni el grado de participación.
Finalmente, Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002 destacó la oportuna declaración de Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, quien señaló que "Quienes buscan leyes de impunidad, van a ser tan responsables como los que apretaron el gatillo en el pasado."
Almada fue victima de la OPERACIÓN CONDOR en 1974 y descubrir de sus Archivos secretos, Asunción, 22 de diciembre de 1992.
Fecha de Publicación: 14 de agosto de 2010
El Defensor de los Derechos Humanos de Paraguay, Dr. Martin Almnada en el marco del IV FORO SOCIAL AMERICAS (11/15.08.2010) se `pronuncio a favor de la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, presidida por la Dra .Graciela Alvarez, a propósito de la reciente propuesta de la iglesia Católica que plantea un indulto Bicentenario en el que se incorporarían los condenados por crímenes contra la humanidad. Manifiestan oposición a cualquier indulto, general o particular a quienes han cometido delitos de lesa humanidad,.
Se destaca que la sociedad chilena ha logrado un avance sustantivo en las últimas décadas en relación a los derechos humanos, en que un hito fundamental es el logro de condenas en algunos casos de violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura por agentes del Estado. Este proceso llevado a cabo por los tribunales de justicia, aunque ha condenado con penas mínimas y a muy pocos de los involucrados en las violaciones a los derechos humanos en dicho periodo, ha sentado precedentes de seguridad jurídica en la materia, que permiten avanzar en torno a un camino de paz en nuestro país, donde se pueda respetar la dignidad humana sobre un verdadero “nunca más”.
Hoy se abre la posibilidad de un indulto particular; esto es caso a caso, ya que el Presidente de la República de Chile señaló que no habría indulto general. Esta posibilidad implica un retroceso en materia de Derechos Humano y una ruptura de la posibilidad de desarrollo democrático respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos.
Las razones más relevantes para estar alerta y oponerse a cualquiera de estos posibles indultos son :
1.- Delitos inamnistiables:
La naturaleza jurídica de estos crímenes, (en contra de la humanidad) hace que estos tengan una categoría distinta de los delitos comunes, que no pueden ser homologados con estos. Estamos ante delitos contra la humanidad, los que en el derecho internacional y desde el Tribunal de Nuremberg se han considerado imprescriptibles e inamnistiables.
Estos delitos constituyen también un incumplimiento de las oblaciones y principios establecidos en el Tratado de Roma que Chile ratificó y esta obligado a cumplir.
Por ello cualquier indulto es contrario al derecho internacional y susceptible de ser invalidado por este.
2.- Falta de interés “oficial” para encontrar la verdad. .Las armas fueron compradas con el pago de nuestros impuestos.
Todos los asesinos, torturadores y violadores condenados en los procesos derivados de la represión política sufrida entre 1973 y 1990, que hoy pudieran ser indultados fueron condenados tardíamente. Recién después del año 2000, sin aportar antecedentes a la verdad respecto de los crímenes cometidos y ocultando dicha verdad. Ninguno de los condenados por estos delitos ha pedido perdón a los familiares de aquellos a quienes asesinó, desapareció, violó o torturó, ni ha pedido perón a la sociedad, ni ha buscado formas de reparar su acción.
Si los criminales se ufanan de su acción criminal, no reconocen los delitos cometidos, que los tribunales han establecidos como ciertos aportando una verdad procesal, legal, que ha significado una forma de verdad para los familiares y la sociedad chilena, tras un largo y tortuoso proceso. Nuestra sociedad queda secuestrada permanentemente al poder de las armas que la sociedad (nosotros) les hemos entregado con nuestro pago de IMPUESTO para que nos protejan.
3.- Existen sentencias que graduaron de las penas.
Las sentencias condenatorias de los delincuentes condenados por delitos contra la humanidad han considerado ya las posibilidades de rebaja de las penas y han sido las mínimas posibles dentro del marco jurídico aplicado. También estas penas han considerado la forma de la participación de cada uno de los condenados en la comisión de los delitos, condenando solo a quienes han tenido grados de participación y decisión irrefutables. No estamos ante condenas de quienes tuvieron que obedecer órdenes sino de quienes daban las órdenes. El cumplimiento del principio de una pena adecuada y efectiva es hoy un imperativo del derecho internacional que no puede obviar la gravedad del delito ni el grado de participación.
Finalmente, Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002 destacó la oportuna declaración de Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, quien señaló que "Quienes buscan leyes de impunidad, van a ser tan responsables como los que apretaron el gatillo en el pasado."
Almada fue victima de la OPERACIÓN CONDOR en 1974 y descubrir de sus Archivos secretos, Asunción, 22 de diciembre de 1992.
Fecha de Publicación: 14 de agosto de 2010
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